Las interrupciones del embarazo aumentaron un 1,3% en 2010. La cifra sigue siendo inferior a la de 2008, por lo que se estabiliza. Se reduce el aborto entre las jóvenes menores de 25 años
FUENTE: María R. Sahuquillo - ELPAIS.COM - 13 DIC 2011
Pese a los augurios de los sectores más críticos, la nueva ley del aborto no ha incrementado el número de interrupciones voluntarias del embarazo. En 2010 se realizaron 113.031 intervenciones, un 1,3% más que en 2009. Sin embargo, a pesar de esa ligera subida –1.550 abortos más— la cifra sigue siendo menor a la de 2008. Así, la tendencia a la baja registrada por primera vez en 2009, cuando se registraron un 3,7% de abortos menos que el año anterior, se mantiene. La gran mayoría de las intervenciones (el 88,44%) se realizaron antes de la semana 12 de gestación.
La ley de salud sexual y reproductiva, en vigor desde el 5 de julio de 2010, que permite a la mujer abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación no ha alterado apenas las cifras. De hecho, las intervenciones registradas desde la puesta en marcha de la norma han sido menores que en el periodo anterior del año: 54.546 frente a las 58.486 realizadas hasta el 4 de julio del año pasado, según las cifras hechas públicas esta mañana por el Ministerio de Sanidad y Política Social.
Las variaciones por grupos de edad no registran grandes cambios. Desciende ligeramente el aborto entre las menores de 25 años; sin embargo la tasa de intervenciones entre las mayores de esa edad, e incluso entre las que tienen más de 40 años, aumenta. Por comunidades se repite el patrón de años anteriores: Cataluña, Madrid, Murcia y Baleares presentan las tasas más elevadas. Ceuta y Melilla, Galicia, Extremadura y Castilla y León las más bajas.
El aborto se sigue quedando en el ámbito de lo privado. Pese a que una de las intenciones de la nueva legislación era que, en la medida de lo posible, se realizara en centros públicos, el 98,16% de las intervenciones se realizaron en centros privados concertados. El cambio, eso sí, reside en que desde julio de 2010 la prestación se financia a cargo de la sanidad pública.
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