Según anunció hace varios días el Gobierno de Australia, a partir de ahora el pasaporte de ese país incluirá una tercera categoría de género, además de la masculina y la femenina, a la que podrán acogerse las personas transgénero e intersexuales. Por otra parte, las personas transexuales que deseen modificar el género que marca el pasaporte ya no tendrán que haberse sometido a cirugía de reasignación de sexo, como sucedía hasta ahora.
Las personas transexuales que deseen que en su pasaporte figure el sexo correspondiente a su identidad de género solamente tendrán que presentar un certificado médico en el que se haga constar que han seguido o que siguen tratamiento de reasignación, pero sin que sea necesario haberse sometido a cirugía. Dicho documento bastará para que conste la identidad elegida sin necesidad de presentar otro tipo de documentación registral. El pasaporte tendrá tres posibilidades de género: M (masculino), F (femenino) y X (indeterminado, no especificado o intersexual).
La reforma permitirá, en palabras de la senadora australiana Louise Pratt (cuya pareja es precisamente un hombre transexual) a los ciudadanos y ciudadanas de Australia viajar por el mundo sin necesidad de verse obligados a explicar por qué la apariencia física externa no se corresponde con el género marcado en el pasaporte, como sucede ahora en muchos casos. La introducción de la “X” permitirá además a las personas transgénero e intersexuales que no se identifican necesariamente con ninguno de los dos géneros convencionales elegir otra opción.
Una noticia que muestra como la sensibilidad hacia las personas transgénero ha mejorado sensiblemente en Australia, sobre todo si recordamos lo sucedido hace tan solo año y medio, cuando las autoridades dieron marcha atrás en el reconocimiento del estatus de “sexo no identificado” a una militante transgénero de Sydney que tras una larga batalla había conseguido que se le reconociera esa posibilidad. El eco mediático mundial alcanzado entonces por la noticia (tratada en muchos casos de un modo amarillista) movió al fiscal general de Nueva Gales del Sur a intervenir en el asunto y pedir aclaraciones, al tiempo que la oficina del Registro Civil comunicó a la activista que el certificado entregado no era válido dado que este solo podía consignar dos posibilidades: o sexo masculino o sexo femenino.
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