02 diciembre 2010

El Senado aprueba, con tres años de retraso, la renovación del Tribunal Constitucional

SOMOS LGTB+ nos vamos a nuestros I SOMOSENCUENTROS los días 3, 4, 5 y 6. Tras la vuelta volveremos a la actualidad del blog. ¡A pasar buen puente y cuidado con las carreteras!
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Con tres años de retraso, el Senado ha aprobado la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuya elección le corresponde, y que agotaron su mandato en 2007. Tras esta renovación, al menos sobre el papel, el Constitucional queda menos escorado a la derecha, lo que cabe interpretar (con todas las precauciones) como una buena noticia cara a la resolución del recurso que desde hace cinco años el Partido Popular (PP) mantiene contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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De los cuatro juristas que abandonan el Constitucional, tres tienen un perfil conservador (Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata) y uno es considerado progresista (la actual presidenta, María Emilia Casas). Los sustituyen dos nuevos miembros propuestos por el PP: Francisco Hernando (el que fuera presidente del anterior Consejo General del Poder Judicial) y Francisco Pérez de los Cobos (catedrático de Derecho Laboral) y dos propuestos por el PSOE: Adela Asúa (catedrática de Derecho Penal) y Luis Ortega (catedrático de Derecho Contencioso-Administrativo).
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Los cuatro candidatos han contado con el apoyo de PSOE, PP y PSC (que en el Senado actúa de forma separada), además de PNV y BNG. Iniativa per Catalunya-Verds solo ha votado a los candidatos no conservadores (Asúa y Ortega). CiU ha votado en blanco, y por lo que respecta a ERC, sus senadores han tachado los nombres de Hernando y Pérez de los Cobos y escrito encima los de los candidatos propuestos por el Parlamento catalán (Encarnación Roca y Antoni Rovira), que no figuraban entre los cuatro que finalmente fueron seleccionados.
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Como explicamos en su momento, el acuerdo entre PSOE y PP fue posible gracias a que el PP retiró finalmente la candidatura de Enrique López (que no reunía los requisitos exigidos para ser miembro del Constitucional, pero que los populares querían a toda costa introducir en el tribunal) aunque mantuvo la de Francisco Hernando. Ambos han hecho gala de sus posiciones conservadoras: los dos votaron en su momento a favor de un informe del anterior Consejo General del Poder Judicial que atacaba frontalmente al matrimonio entre personas del mismo sexo. Un informe que llegó a compararlo con la zoofilia o los tríos, aunque la frase fue eliminada de la versión final. López también defendió en su momento a la jueza homófoba Laura Alabau. El PP, no obstante, no renuncia a colocar finalmente a López en el Constitucional cuando haya que proceder a la renovación de los miembros que corresponde al Congreso.
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¿Cómo afecta la renovación al recurso sobre el matrimonio?
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Desde hace cinco años, el PP mantiene ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio. A priori, la renovación debería inclinar la balanza hacia la constitucionalidad de la ley, aunque no necesariamente los miembros del Constitucional votan de acuerdo a la ideología de los partidos que los propusieron.
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Esta divergencia es más notable en el caso de los supuestamente considerados “progresistas”. Un caso destacado es el de Eugeni Gay, jurista catalán propuesto por el PSOE pero cuyas convicciones católicas le hacen un seguro opositor a la ley del aborto, también recurrida por el PP. Se desconoce cual será su postura frente al matrimonio entre personas del mismo sexo.
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En el camino de los derechos LGTB, los países de la UE avanzan a distintas velocidades
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La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) presentó ayer el informe ‘Homofobia, transfobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género’ en el Parlamento Europeo. Según el informe, elaborado a petición del Parlamento a la vista de la legislación restrictiva aprobada en determinados Estados miembros de la UE, en algunos países las personas LGTB gozan de una mayor protección tanto legislativa como en la práctica, mientras que en otros Estados sus derechos se permanecen limitados o incluso en regresión. El informe concluye aconsejando a la UE una política conjunta coherente contra la discriminación por orientación o identidad sexual.
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Los resultados muestran un panorama muy desigual en lo que se refiere a la protección de los derechos LGBT en Europa. Según el Director de la FRA, Morten Kjaerum, “el estudio ha puesto de manifiesto que se avanza, pero que también hay áreas en las que, desde que realizamos nuestro último estudio en 2008, las cosas han cambiado muy poco o, si lo han hecho, ha sido para peor. Por ejemplo, algunos Estados miembros de la UE reconocen el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo mientras que otros lo deniegan. Esto, a su vez, tiene implicaciones legales y prácticas para los ciudadanos que desean desplazarse por el territorio de la UE. Las actitudes negativas y los prejuicios suelen explicar la pasividad o involución de algunos Estados miembros estudiados en nuestro informe”.
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El informe de la Agencia destaca los tres problemas subyacentes a los que tiene que hacer frente el colectivo LGBT en la UE: se ven obligados a vivir su sexualidad en silencio y en condiciones de invisibilidad, sufren ataques violentos y se les discrimina (por ejemplo en el trabajo, en cuestiones de alojamiento o cuando se desplazan por el territorio de la UE). El estudio abarca y compara áreas como la protección legal contra la discriminación, la libertad de reunión y de expresión, delitos por incitación al odio y crímenes de odio, el significado de “miembro de la familia” en relación con la libre circulación, asilo y protección de personas LGBT, y la posibilidad y los requisitos para las personas transexuales de acceder a tratamientos de reasignación de género y de conseguir que dicho cambio sea reconocido por la ley.
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Más concretamente, en el lado positivo hay países que han introducido legislaciones sobre el acceso a tratamientos de reasignación de género, y modificación del nombre y género en documentos oficiales. Algunos países han avanzado en la protección legal contra discriminación por orientación o identidad sexual, así como respecto a los derechos de reunión y expresión (como los Orgullos LGTB celebrados por vez primera con éxito en Polonia, Rumanía y Bulgaria). Ello contrasta con la amenaza repentina de cancelación que sufrió el Orgullo Báltico 2010, en Lituania, y los intentos de prohibición que siguen afrontando los organizadores en Letonia, pese a las sentencias judiciales anulando dichas prohibiciones. El informe también menciona la apertura del matrimonio entre personas del mismo sexo en Portugal y Suecia (que se suman a los Países Bajos, Bélgica y España), así como similares legislaciones en proceso de adopción en Luxemburgo y Eslovenia.
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Por último, el número notal de estados miembros que ya mencionan explícitamente la orientación sexual como motivo para obtener asilo ha aumentado hasta 22, aunque no todo es positivo a este respecto: por ejemplo, el enforme critica explícitamente el caso de la República Checa (en la pág. 58), donde las solicitudes de asilo por parte de hombres gays pueden ser decididas mediante la denominada ‘falometría’. Dicha técnica consiste en la medición de la respuesta fisiológica ante material pornográfico heterosexual, y ha sido declarada como “difícil de conciliar con los estándares actuales de derechos humanos” por ejemplo por la justicia alemana.
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FUENTE: DOSMANZANAS.COM

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