El Parlamento portugués aprobó este viernes la tramitación de dos proyectos de ley, uno presentado por el Gobierno y otro por el Bloque de Izquierda, cuyo objetivo es que las personas transexuales puedan modificar sus datos registrales sin verse obligadas a afrontar un proceso judicial, que en Portugal se puede prolongar durante varios años.
El proyecto gubernamental recibió el apoyo de Partido Socialista (PS), Bloque de Izquierda (BE), Partido Comunista (PCP) y Verdes (PEV). En contra se pronunciaron centro-derecha y derecha: Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Popular (PP-CDS), respectivamente. Se registraron además dos abstenciones, una en cada uno de los bloques (Teresa Venda en el PS, Pedro Rodrigues en el PSD).
La tramitación del proyecto presentado por el Bloque de Izquierda, que contra lo que pudiera pensarse es más restrictivo que el presentado por el Gobierno, fue aprobada por PS, BE y PEV, mientras que comunistas y PSD se abstuvieron. PP-CDS votó también en contra.
Según el proyecto presentando por el Gobierno (para ver PDF, pinchar aquí) los registros civiles tendrán un plazo de ocho días para emitir la nueva documentación una vez que la persona haya presentado simplemente un certificado emitido por una unidad multidisciplinar de sexología clínica que acredite que presenta una disforia de género. El proyecto presentado por el Bloque de Izquierda, que sigue el modelo de leyes como las aprobadas en 2004 en Reino Unido o en 2007 en España, exige que la persona transexual haya vivido durante dos años de acuerdo al sexo con el que se identifica y que durante al menos un año haya seguido tratamiento hormonal que acomode las características físicas al sexo reclamado.
Se abre ahora se abre el proceso de discusión en comisión de ambos proyectos, durante el cual se intentará acordar un texto consensuado.
La tramitación de los proyectos ha sido celebrada por colectivos LGTB portugueses, como ILGA Portugal o el colectivo trans Panteras Rosa. Ambos colectivos han recordado, de todas formas, que esta ley vendrá a solucionar un importante problema, el de la adecuación de los datos registrales a la identidad de género, pero siguen echando de menos la puesta en marcha de políticas que aborden de forma integral la discriminación que sufren las personas transexuales en ámbitos como el laboral o el social.
El proyecto gubernamental recibió el apoyo de Partido Socialista (PS), Bloque de Izquierda (BE), Partido Comunista (PCP) y Verdes (PEV). En contra se pronunciaron centro-derecha y derecha: Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Popular (PP-CDS), respectivamente. Se registraron además dos abstenciones, una en cada uno de los bloques (Teresa Venda en el PS, Pedro Rodrigues en el PSD).
La tramitación del proyecto presentado por el Bloque de Izquierda, que contra lo que pudiera pensarse es más restrictivo que el presentado por el Gobierno, fue aprobada por PS, BE y PEV, mientras que comunistas y PSD se abstuvieron. PP-CDS votó también en contra.
Según el proyecto presentando por el Gobierno (para ver PDF, pinchar aquí) los registros civiles tendrán un plazo de ocho días para emitir la nueva documentación una vez que la persona haya presentado simplemente un certificado emitido por una unidad multidisciplinar de sexología clínica que acredite que presenta una disforia de género. El proyecto presentado por el Bloque de Izquierda, que sigue el modelo de leyes como las aprobadas en 2004 en Reino Unido o en 2007 en España, exige que la persona transexual haya vivido durante dos años de acuerdo al sexo con el que se identifica y que durante al menos un año haya seguido tratamiento hormonal que acomode las características físicas al sexo reclamado.
Se abre ahora se abre el proceso de discusión en comisión de ambos proyectos, durante el cual se intentará acordar un texto consensuado.
La tramitación de los proyectos ha sido celebrada por colectivos LGTB portugueses, como ILGA Portugal o el colectivo trans Panteras Rosa. Ambos colectivos han recordado, de todas formas, que esta ley vendrá a solucionar un importante problema, el de la adecuación de los datos registrales a la identidad de género, pero siguen echando de menos la puesta en marcha de políticas que aborden de forma integral la discriminación que sufren las personas transexuales en ámbitos como el laboral o el social.
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