La Junta de Portavoces del Congreso decide, a propuesta de IU, si el Gobierno debe pedir que se rechace unas polémicas declaraciones del Benedicto XVI sobre el sida, y del secretario de Estado del Vaticano, que vinculó la homosexualidad con la pedofilia
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados va a decidir hoy, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), si esta Cámara debe pedir al Gobierno que rechace unas polémicas declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre el sida, y del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarsicio Bertone, quien vinculó la homosexualidad con la pedofilia.
Tras esas afirmaciones, IU-ICV presentó el pasado mes de abril su propuesta, pero la Mesa del Congreso no la admitió a trámite porque consideró que este asunto no es competencia de la Cámara Baja.
Los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera recurrieron esa decisión, con el argumento de que "el necesario respeto a la independencia de los Estados" con los que España mantiene relaciones, como el Vaticano, no impide que pueda expresar su disconformidad con determinadas actuaciones en materias que no son de índole interna.
Además, recuerdan que existen numerosos precedentes en los que el Congreso se ha pronunciado sobre cuestiones de otros Estados cuando no eran de competencia interna de los mismos. Como ejemplo, citan una propuesta del PP sobre la situación en Cuba, que fue admitida a trámite por la Mesa, debatida y votada.
La Junta de Portavoces del Congreso decidirá si el Congreso puede debatir esta proposición no de ley. En el caso de que sea rechazada, IU-ICV recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional.
El Gobierno portugués da luz verde a la ley de identidad de género, que pasa al Parlamento
El Gobierno portugués aprobó ayer jueves el proyecto de ley que permitirá a las personas transexuales la modificación de sus datos registrales sin necesidad de afrontar un proceso judicial que en Portugal se puede prolongar durante varios años. El proyecto encara ahora su tramitación parlamentaria.
En caso de ser aprobado, los registros civiles tendrán un plazo de ocho días para emitir la nueva documentación una vez que la persona haya presentado un certificado emitido por una unidad multidisciplinar de sexología clínica que acredite que presenta una disforia de género. No será necesario que la persona haya completado su proceso de reasignación sexual.
En principio, el proyecto debe ser aprobado sin demasiadas dificultades, dada la mayoría parlamentaria de los partidos de izquierda. El diputado socialista y activista LGTB Miguel Vale de Almeida, que había presionado al Gobierno anunciando la presentación de un proyecto propio, ya ha anunciado su retirada, mientras que el Bloque de Izquierda, que como os adelantamos hace unas semanas había presentado otro proyecto, ha anunciado ya su disposición favorable a acordar con los socialistas un texto consensuado.
La propuesta sigue el modelo de leyes como las aprobadas en 2004 en Reino Unido o en 2007 en España, consideradas todavía entre las más avanzadas del mundo en este terreno, aunque cada vez son más las voces que se alzan contra el hecho de se siga siendo exigiendo para cumplimentar el procedimiento la certificación de que la persona presenta una “disforia de género”, término usado clínicamente para designar la realidad transexual. Voces que abogan, por un lado, por eliminar la transexualidad de los manuales médicos que -bajo uno u otro nombre- la siguen clasificando como un trastorno, y por otro, eliminar la necesidad de certificación, ya sea médica o psicológica, para proceder a la rectificación de los datos registrales.
Sea como sea, la ley supone un indudable avance respecto a la situación actual y ha sido celebrada por colectivos LGTB portugueses, como ILGA Portugal o el colectivo trans Panteras Rosa. Por su parte, los opositores a los derechos LGTB no han dudado en criticar el proyecto. Isilda Pegado, presidenta de la denominada “Federación Portuguesa por la Vida”, ha declarado que, aún desconociendo el contenido del proyecto, esta cuestión no es una prioridad del país. “No es esto lo que interesa a la gente”. Pegado ha afirmado además ser contraria a que “un funcionario de un registro diga lo que es un hombre o una mujer“. “Es la naturaleza la que se encarga de hacerlo”, ha afirmado.
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados va a decidir hoy, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), si esta Cámara debe pedir al Gobierno que rechace unas polémicas declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre el sida, y del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarsicio Bertone, quien vinculó la homosexualidad con la pedofilia.
Tras esas afirmaciones, IU-ICV presentó el pasado mes de abril su propuesta, pero la Mesa del Congreso no la admitió a trámite porque consideró que este asunto no es competencia de la Cámara Baja.
Los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera recurrieron esa decisión, con el argumento de que "el necesario respeto a la independencia de los Estados" con los que España mantiene relaciones, como el Vaticano, no impide que pueda expresar su disconformidad con determinadas actuaciones en materias que no son de índole interna.
Además, recuerdan que existen numerosos precedentes en los que el Congreso se ha pronunciado sobre cuestiones de otros Estados cuando no eran de competencia interna de los mismos. Como ejemplo, citan una propuesta del PP sobre la situación en Cuba, que fue admitida a trámite por la Mesa, debatida y votada.
La Junta de Portavoces del Congreso decidirá si el Congreso puede debatir esta proposición no de ley. En el caso de que sea rechazada, IU-ICV recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional.
El Gobierno portugués da luz verde a la ley de identidad de género, que pasa al Parlamento
El Gobierno portugués aprobó ayer jueves el proyecto de ley que permitirá a las personas transexuales la modificación de sus datos registrales sin necesidad de afrontar un proceso judicial que en Portugal se puede prolongar durante varios años. El proyecto encara ahora su tramitación parlamentaria.
En caso de ser aprobado, los registros civiles tendrán un plazo de ocho días para emitir la nueva documentación una vez que la persona haya presentado un certificado emitido por una unidad multidisciplinar de sexología clínica que acredite que presenta una disforia de género. No será necesario que la persona haya completado su proceso de reasignación sexual.
En principio, el proyecto debe ser aprobado sin demasiadas dificultades, dada la mayoría parlamentaria de los partidos de izquierda. El diputado socialista y activista LGTB Miguel Vale de Almeida, que había presionado al Gobierno anunciando la presentación de un proyecto propio, ya ha anunciado su retirada, mientras que el Bloque de Izquierda, que como os adelantamos hace unas semanas había presentado otro proyecto, ha anunciado ya su disposición favorable a acordar con los socialistas un texto consensuado.
La propuesta sigue el modelo de leyes como las aprobadas en 2004 en Reino Unido o en 2007 en España, consideradas todavía entre las más avanzadas del mundo en este terreno, aunque cada vez son más las voces que se alzan contra el hecho de se siga siendo exigiendo para cumplimentar el procedimiento la certificación de que la persona presenta una “disforia de género”, término usado clínicamente para designar la realidad transexual. Voces que abogan, por un lado, por eliminar la transexualidad de los manuales médicos que -bajo uno u otro nombre- la siguen clasificando como un trastorno, y por otro, eliminar la necesidad de certificación, ya sea médica o psicológica, para proceder a la rectificación de los datos registrales.
Sea como sea, la ley supone un indudable avance respecto a la situación actual y ha sido celebrada por colectivos LGTB portugueses, como ILGA Portugal o el colectivo trans Panteras Rosa. Por su parte, los opositores a los derechos LGTB no han dudado en criticar el proyecto. Isilda Pegado, presidenta de la denominada “Federación Portuguesa por la Vida”, ha declarado que, aún desconociendo el contenido del proyecto, esta cuestión no es una prioridad del país. “No es esto lo que interesa a la gente”. Pegado ha afirmado además ser contraria a que “un funcionario de un registro diga lo que es un hombre o una mujer“. “Es la naturaleza la que se encarga de hacerlo”, ha afirmado.
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