Montevideo, Uruguay – El Senado uruguayo, con mayoría frente a la oposición, modificó el pasado jueves el Código de la Niñez y la Adolescencia, que habilita a las parejas del mismo sexo a adoptar menores, siempre y cuando lleven al menos cuatro años de convivencia y sean mayores de 25 años de edad.
La reforma, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 27 de agosto, con 40 votos a favor y 13 en contra, tuvo la oposición de los partidos tradicionales y de la Iglesia católica. Esta última, que ya había amenazado con excomulgar a los políticos que apoyaran el proyecto de despenalización del aborto en noviembre del año pasado, se volvió a manifestar en contra de esta nueva medida, argumentando que "No es un tema de religión, filosofía o sociología. Es algo que se refiere esencialmente al respeto de la naturaleza humana".
Uruguay se convierte así en el primer país de América Latina en aplicar una medida que, sin embargo, no se encuentra exenta de críticas y escepticismo. Los reparos más sólidos son los que apuntan a una presunta violación de los derechos fundamentales del niño y de la figura familiar. Tanto el Partido Nacional como la Iglesia sostienen que no se ha tenido en cuenta en cómo esta medida afectará la personalidad del menor y su relación de cara a la sociedad.
Por otro lado, fuentes cercanas al Frente Amplio señalan que lo que se persigue es equiparar los derechos de los menores en situación de desamparo, con independencia de la orientación sexual de sus futuros padres adoptivos. Otros incluso alegan que esta nueva reforma evitará "el tráfico de menores" en un país con una tasa de natalidad relativamente baja pero, por otro lado, con una demanda de adopciones anuales por encima de la media regional.
En cuanto a la opinión popular, el 53% de los uruguayos se manifiestan contrarios a esta reforma, frente a un 39% que la apoya y un 8% que se mantiene al margen.
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